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Lo que develan los que partieron

Por Liz Puma Almanza  

Durante los últimos tres gobiernos —el de Alejandro Toledo, el de Alan García y el de Ollanta Humala— los episodios de violencia en los conflictos sociales cobraron la vida de 147 personas, entre civiles y fuerzas del orden. Estas tragedias suscitadas en cada conflicto develaron una serie de ineficiencias, errores, omisiones, inequidades y disparidades. Es lamentable, pero sólo como consecuencia de ellas, se produjeron algunos cambios en el Estado, y se puso en agenda pública el debate de temas que urgían abordar.

Sólo por citar algunos ejemplos, el llamado “Baguazo” (33 fallecidos y 1 desaparecido), planteó la necesidad de abordar los conflictos a través de la gestión articulada, reforzando la estrategia sectorial de intervención que inició con la creación de oficinas especializadas en cada ministerio. Los conflictos de Conga (4 fallecidos) y Espinar (2 fallecidos), la necesidad de un abordaje integral, incidiendo en su prevención a través del diálogo, buscando abordar los problemas de fondo y de coyuntura, para lo cual se creó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Aunque suene triste decirlo, les debemos a los que partieron los avances en nuestra institucionalidad para el abordaje de conflictos sociales.

El 14 de octubre, se suscitó la primera víctima en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Quintino Cereceda Huiza murió por un impacto de bala de la Policía Nacional del Perú - PNP, en la carretera que une el proyecto minero Las Bambas con el poblado de Quehuira, en Apurímac. Su trágica partida develó temas en los que urge tomar acciones concretas:

• Los convenios privados entre la PNP y las empresas mineras: Si la PNP percibe una contraprestación económica por sus servicios de seguridad privada en un escenario de conflicto, ¿a quién defiende la policía? ¿a la empresa o la población? Si los pobladores ven a la policía al servicio de la empresa, ¿pueden estos confiar que la policía va garantizar su derecho a la seguridad en una movilización? • El rol de la PNP en los conflictos sociales: se ha observado omisiones e incumplimientos del marco legal preexistente, nacional e internacional, y las directivas del Ministerio del Interior; inadecuada formación y entrenamiento que genera el uso excesivo de la fuerza o la abstención de su empleo por temor a las repercusiones; desconocimiento de la población de las atribuciones y límites en los que se justifica o no justifica el empleo de la fuerza y de armas de fuego.[1]

• La actuación de las empresas frente a los conflictos: como hemos observado en diversos conflictos, las empresas pueden ser actores que promuevan y brinden condiciones para el diálogo; se pongan de costado dejando al Estado asumir toda la responsabilidad, o contribuyan al escalamiento del conflicto agudizando las tensiones y el deterioro de las relaciones.

• Persistentes y preocupantes brechas sociales: 55% de la población de Apurímac fue calificada como pobre y 24.3% como pobre extremo; la expectativa de vida está por debajo del promedio nacional; la tasa de mortalidad infantil asciende a 22.2 por mil nacidos vivos, mientras que a nivel nacional dicha tasa es 16.1; la región figura en el cuarto lugar en el ranking de las más vulnerables a la inseguridad alimentaria; en las provincias más pobres de Apurímac apenas un tercio de los habitantes contaban con secundaria completa.[2]

• Expectativas, temores, intereses: la presencia de un proyecto de tamaña envergadura ha despertado el interés de las poblaciones locales que, a través de diferentes demandas, buscan obtener beneficios, ya sea de parte del Estado o la empresa, que se vean materializados en proyectos de desarrollo en las áreas de agua y saneamiento, salud, agricultura y ganadería, educación, electrificación y transporte. Los distritos de Grau, Challhuahuacho, Mara y Ccapacmarca, piden ser incluidos en la zona de influencia del proyecto por encontrarse en la Línea de Transmisión Eléctrica y la vía de Transporte de Carga pesada. Con las modificaciones realizadas el área de influencia habría reducido el número de comunidades y centro poblados impactados, que ya habían activado sus expectativas ante las compensaciones que obtendrían. Por otro lado, existe temor ante los impactos ambientales que pueda generar la actividad minera en el agua, aire y tierras agrícolas. Asimismo, existe preocupación en los pobladores que podrían ser beneficiados con las licitaciones para el transporte de mineral por vía terrestre al no poder ajustarse a los estándares de calidad que demandaría la empresa y por la disminución de puestos laborales, de 10 mil a 4 mil, con prioridad para la mano de obra calificada, al pasar de la etapa de construcción a la de operación. También son temas de interés el saneamiento físico legal de tierras, y la atención y reparación a las víctimas del conflicto.

• Consulta previa y participación ciudadana:[3] Sin considerar estos dos procesos, se realizaron cinco modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Para la aprobación de tres de los procedimientos de modificatoria se realizó un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), que es un procedimiento rápido que fue parte del "paquetazo ambiental" del gobierno de Humala para promover la inversión, y dispone que en los casos donde se modifiquen componentes auxiliares, ampliaciones o mejoras tecnológicas en proyectos con certificación ambiental aprobado, no se requerirá un procedimiento de modificación del instrumento de gestión ambiental. Dicho informe no incluye las opiniones técnicas de otras entidades del Estado, ni la participación de la población y la respuesta de conformidad se da en un plazo de 15 días.

• Proceso de diálogo intercultural: las comunidades campesinas de las provincias de Grau y Cotabambas aparecen en el listado Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura, por lo cual, el proceso de diálogo debería considerar intérpretes y traductores, conocimiento previo de los usos, costumbres y organización, así como sensibilidad cultural de parte de los funcionarios públicos que participan en los espacios de diálogo y respeto a los valores, creencias y prácticas culturales.

• Justicia accesible e intercultural:[4] si, durante los procesos judiciales que involucren a poblaciones indígenas, ocurren hechos de violencia que generen daños a la propiedad privada o víctimas, se debe buscar garantizar los derechos colectivos e individuales de los investigados, dotándolos de intérpretes oficiales o acreditados durante el proceso, con la finalidad de garantizar su comprensión, prestando especial atención a los que radican en lugares geográficamente alejados o de difícil acceso.

• La implementación de un sistema nacional de gestión y prevención de conflictos sociales: que busque expandir la política de diálogo a todos los niveles de gobierno, fortalecer el liderazgo de la PCM bajo la dirección de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) y generar políticas públicas orientadas a transformar las causas estructurales de los conflictos.

• Fortalecer el rol del SENACE y órganos de fiscalización ambiental: superando las deficiencias administrativas, participación en los EIA de las comunidades y poblaciones locales; incorporando a la sociedad civil de manera activa, fiscalización oportuna y sanciones efectivas. La partida de Quintino Cereceda devela una serie de deficiencias, ausencias y omisiones, y pone en agenda pública la necesidad de comprender el escenario social, actores, agendas y hechos que marcaron la dinámica del conflicto. Asimismo, cuestiona la actuación del Estado, las fuerzas del orden, la empresa y las comunidades.

Estamos frente a poblaciones que, a pesar de los avances que se informan, viven situaciones de profunda inequidad, y buscan mejorar sus condiciones de vida. Esta situación hace imposible que las operaciones mineras se pongan en marcha de la noche a la mañana. La complejidad de estos casos de conflicto se expresan en las múltiples demandas. Dado el contexto, unas resultan razonables y otras demandan mayor evaluación.

En estos días, hemos escuchado las nociones de antiminero/prominero; términos que no son de utilidad si se quiere tener un análisis que permita actuar de manera constructiva. Por ejemplo, hay comunidades que buscan pertenecer a la zona de influencia para poder exigir beneficios ¿son antimineros o son promineros?

Creer que los conflictos se desvanecerán con el tiempo resulta fantasioso. Aspirar a que exista una institución omnipotente y omnisciente que los hará desaparecer, es igual de inútil. A lo que debemos apuntar, es a una mayor comprensión de la realidad en la que vivimos, aceptando que existen muchas brechas por cerrar. De hecho, las constantes de toda institucionalidad, y su consecuente estrategia, tendrán que ver con la capacidad predictiva, preventiva y dialogante de los actores. Esperemos que no haya necesidad de nuevas tragedias para que empecemos a trabajar todos juntos en favor de este objetivo.

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[1] Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial N° 156 Violencia en los conflictos sociales.
[2] José De Echave (2014). La minería en el sur andino: los casos de Apurímac y Cusco.
[3] Derecho constitucional, herramienta para garantizar toma decisiones en torno a un proyecto, proceso de diálogo con relación a las medidas administrativas o legislativas que las afecten directamente, incorporando sus preocupaciones, conocimientos y riqueza cultural, buscando absolver temores y prevenir conflictos.
[4] Se cuentan con manuales como el Protocolo de Actuación en Procesos Judiciales que Involucren a Comuneros y Ronderos del Poder Judicial (2014), que merecería la atención revisar si se están aplicando.