Liz Puma Almanza //

El Jurado Nacional de Elecciones acaba de publicar “Conflictividad Electoral y Nulidades en Elecciones Locales”, un estudio que resulta muy oportuno, dada la cercanía de las Elecciones Regionales y Municipales 2018. Elegir autoridades es un acto democrático por naturaleza. Sin embargo, en nuestro país, se ha convertido en un momento en el que emergen una serie de conflictos muchas veces violentos y extremos. En tal sentido, un análisis de este hecho social es fundamental, pues nos permitirá estar alertas, tomar acciones de carácter preventivo, operar con la diligencia debida y actuar en consecuencia, si finalmente los hechos se suscitan.

La investigación analiza las declaraciones de nulidad correspondientes a 100 circunscripciones electorales, referentes a elecciones de 2002, 2006, 2010 y 2014, preguntándose cómo se manifestaron los conflictos en dichas zonas y circunstancias electorales, buscando correlacionar el fenómeno conflictivo y la subsecuente declaración de nulidad, considerando también impacta cómo todo ello sobre la gobernabilidad de las agencias estatales subnacionales, de nivel regional, provincial y distrital.

La entrada del libro detalla de manera minuciosa los aspectos metodológicos, refiriéndose al marco conceptual, al tratamiento de la información, a las fuentes utilizadas y a las variables operacionalizadas según tipo de fuente, entre otros aspectos, lo que da cuenta de la consistencia del estudio. Nuestros comentarios se concentrarán básicamente en los hallazgos, para, a partir de ellos, poder delinear algunas reflexiones de cara al proceso de elección que se avecina.

Una primera constatación es que existe una correlación entre la nulidad de procesos electorales y conflictividad. Ambos fenómenos están asociados. La nulidad de los procesos electorales depende de la prexistencia de conflictos derivados de la coyuntura en cuestión. Detrás de cada proceso de nulidad hay conflictos, muchas veces violentos, pero también cabe la probabilidad de que los conflictos desplegados no deriven necesariamente en la nulidad de los procesos.

Otra constatación importante es que los conflictos de esta naturaleza han ido incrementándose desde el 2002 en adelante, siendo las principales causas el rechazo a los resultados electorales, el rechazo al intento de la reelección inmediata del alcalde, y la percepción de una trashumancia electoral, lo que popularmente se conoce como “votos golondrinos” o “candidatos golondrinos”. En general, también es una constatación del estudio, que dichos conflictos implican cierto nivel de violencia.

Estos hallazgos a nivel local, son también enmarcados en lo que los autores consideran o denominan el contexto estructural. Así, consideran que los conflictos asociados a las circunscripciones electorales tienen fuertes elementos de agencia y son altamente dinámicos, por lo cual deben ser entendidos en un marco mayor. Para ello, aluden a la teoría de la modernización, explicando que en circunstancias en las que los índices de desarrollo humano (IDH) son medios hacia altos, el ejercicio de la democracia también es mayor, viéndose reducida la cantidad de violencia ejercida en coyunturas electorales. Sobre estos supuestos teóricos, la investigación constata que hay una correlación significativa entre los niveles de conflictividad, el bajo IDH en las circunscripciones electorales estudiadas, la alta incidencia de pobreza y la baja densidad de población electoral.

Asimismo, el libro se busca dar cuenta de las consecuencias de la conflictividad electoral en el tiempo. En el corto plazo, las consecuencias se expresan en la propia nulidad de las elecciones, la inestabilidad política, el impacto en la calidad de la democracia a nivel local y la desnaturalización del acto electoral. Adicionalmente, en la perspectiva de largo plazo, las consecuencias se presentan en la inestabilidad política provocada, la contribución a otro tipo de conflictos, la desafección política y la cotidianización de mecanismos transgresivos. En este punto, el equipo investigador, llama la atención sobre la necesidad de avanzar en un análisis que se enfoque con mayor atención a lo local, dado que la mayor parte de estudios de esta naturaleza han venido atendiendo los procesos más grandes de escala regional o nacional.

A todas luces, este estudio es sumamente oportuno. Desde hace un buen tiempo se veníamos llamando la atención sobre este particular fenómeno del nivel de conflictividad asociado a los procesos electorales. Más allá de afirmaciones generales, con una fuerte dosis de intuición informada, no lográbamos hacernos de una lectura más profunda, y en este sentido, creemos que se estaría llenando un vacío de conocimiento sobre el tema.

De hecho, se puede seguir profundizando y ampliando la mirada al preguntarnos, por ejemplo, qué papel han jugado las distintas instituciones especializadas en el abordaje de conflictos a nivel regional en estos escenarios, cómo estos fenómenos de conflictividad se han presentado en contextos con presencia de industrias extractivas, en qué medida la institucionalidad política existente, caracterizada por las llamadas “coaliciones de independientes” , juega un rol, qué mecanismos preventivos se puedan activar para prevenir el surgimiento de conflictos electorales, qué experiencias de articulación interinstitucional han contribuido a la prevención de los conflictos y qué aprendizajes podemos sacar de ellas, si las denuncias por corrupción influirán en la intención de voto, entre otros temas. Asimismo, este aporte debería servir para propiciar un debate sobre las reformas necesarias a la Ley Orgánica de Municipalidad, que requiere una revisión atenta para su actualización y cada vez mayor adecuación a la realidad municipal de nuestro país.

El acto electoral determinará quiénes serán nuestros gobernantes por los siguientes 4 años y cómo se restructurará el poder a nivel local en consecuencia. Abordar el problema de la corrupción, por ejemplo, requerirá un alto consenso político, compromiso real de las autoridades electas y el ejercicio de la vigilancia ciudadana. Tomemos en cuenta que alrededor del 52% de denuncias de corrupción se dan a nivel de gobiernos locales, seguido por los gobiernos regionales con el 26% . Para esto, es necesario tomar especial atención a las actitudes y conductas de los candidatos: que estos tengan una posición clara, que profundicen en el debate, que busquen consensos, que prioricen el interés general y apunten al fortalecimiento de la gobernabilidad local.